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SANTO DOMINGO. El Pacto Eléctrico se cerró con los puntos en los que se logró el consenso, y la discusión de los demás —un 5% del texto en el que no hubo acuerdos— quedó diferida y bajo la responsabilidad de una comisión que, además, velará para que los temas del pacto se cumplan.
El Ministerio de Energía y Minas anunció en un comunicado el fin de la discusión, que se extendió por casi tres años, de la que apenas restan aspectos protocolares y la revisión final del documento de acuerdos. Después de esa fase, el Pacto Eléctrico será remitido al Presidente de la República, Danilo Medina, para su aprobación final y determinación de la fecha de la firma.
“Se cierra el pacto, pero se abrirá el proceso para que la comisión de seguimiento siga discutiendo los temas que quedaron pendientes”, señaló el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, quien participó en el proceso de discusión. Los temas en los que no se lograron acuerdos fueron, entre otros, la compensación por energía no servida y el alumbrado público.
Sobre la tarifa técnica, se acordó una revisión progresiva de lo cobrado a los usuarios condicionado a la reducción del nivel de pérdidas de electricidad que, para el año 2022, deberá ser de 15%. Para julio de este año las pérdidas estaban en 30.7%, según los datos de la CDEEE. Es decir, la tarifa se ajustará si las pérdidas se reducen.
“Aun así -con todas las tensiones- logró más la capacidad de consensuar y la visión de hacer un pacto robusto que sirviera como un instrumento esencial para el desarrollo”, dijo el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, de acuerdo a un comunicado de prensa.
Agregó que la experiencia de esa discusión servirá para que el Pacto Fiscal —pendiente desde hace tres años— se estructure y organice mejor “para hacerlo más fluido y menos traumático”.
El Pacto Eléctrico fue convocado por el Presidente de la República, mediante el decreto 389-14, del 13 de octubre de 2014, en el marco de lo dispuesto en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Pacto Eléctrico cerró con algunos temas pendientes bajo responsabilidad de una comisión




SANTO DOMINGO. El Pacto Eléctrico se cerró con los puntos en los que se logró el consenso, y la discusión de los demás —un 5% del texto en el que no hubo acuerdos— quedó diferida y bajo la responsabilidad de una comisión que, además, velará para que los temas del pacto se cumplan.
El Ministerio de Energía y Minas anunció en un comunicado el fin de la discusión, que se extendió por casi tres años, de la que apenas restan aspectos protocolares y la revisión final del documento de acuerdos. Después de esa fase, el Pacto Eléctrico será remitido al Presidente de la República, Danilo Medina, para su aprobación final y determinación de la fecha de la firma.
“Se cierra el pacto, pero se abrirá el proceso para que la comisión de seguimiento siga discutiendo los temas que quedaron pendientes”, señaló el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, quien participó en el proceso de discusión. Los temas en los que no se lograron acuerdos fueron, entre otros, la compensación por energía no servida y el alumbrado público.
Sobre la tarifa técnica, se acordó una revisión progresiva de lo cobrado a los usuarios condicionado a la reducción del nivel de pérdidas de electricidad que, para el año 2022, deberá ser de 15%. Para julio de este año las pérdidas estaban en 30.7%, según los datos de la CDEEE. Es decir, la tarifa se ajustará si las pérdidas se reducen.
“Aun así -con todas las tensiones- logró más la capacidad de consensuar y la visión de hacer un pacto robusto que sirviera como un instrumento esencial para el desarrollo”, dijo el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, de acuerdo a un comunicado de prensa.
Agregó que la experiencia de esa discusión servirá para que el Pacto Fiscal —pendiente desde hace tres años— se estructure y organice mejor “para hacerlo más fluido y menos traumático”.
El Pacto Eléctrico fue convocado por el Presidente de la República, mediante el decreto 389-14, del 13 de octubre de 2014, en el marco de lo dispuesto en la Estrategia Nacional de Desarrollo.