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SANTO DOMINGO. En octubre de 2013 la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), que presidía el abogado asesinado Yuniol Ramírez, retiró una querella que interpuso por alegada violación a las leyes en contra del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y la empresa Sargeant Petroleum, representada por Mustafa Abu Naba’A.
Conforme se reseñó en la prensa, Ramírez explicó en una comunicación depositada el 23 de octubre del citado año, ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, que el retiro de la querella se debió a que “luego del depósito de la instancia contra Díaz Rúa, este mostró un legajo de documentos, entre ellos los que sustentan el poder de autorización dado al exfuncionario para suscribir las adendas al contrato suscrito entre la Secretaría de Obras Públicas y la empresa privada”.
La querella fue presentada el 5 de febrero de 2013, meses antes de su retiro. Se fundamentaba en un contrato para el transporte, almacenaje y manejo de materiales asfálticos (AC-30), suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas en febrero de 2003 y Sargeant Petroleum.
La CONA alegaba que a través de ese contrato fueron firmadas 13 adendas, al margen de la representación del Estado en actos jurídicos y la Ley 340-06, sobre compras y contrataciones.
“Los documentos que presentó el exministro Víctor Díaz Rúa evidencian que no hubo violación de la Ley 1486 sobre representación del Estado en Actos Jurídicos”, se indicó en el documento de retiro de la querella.
“Por cuanto a que estudiada la referida documentación, nos vemos en la obligación de actuar con la debida responsabilidad, y hacerle constar que hemos podido despejar la generalidad de las dudas en torno al contrato y adendas de referencia”, agregó.
El abogado Ramírez fue asesinado el miércoles de la semana pasada. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en el río Manoguayabo. Presentaba una herida de bala en la cabeza y estaba amarrado con una cadena atada a dos bloques.
El Ministerio Público acusó anoche de cometer el hecho a dos empleados de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). La fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná, informó que el móvil del crimen habría sido una presunta extorsión de RD$4 millones que hacía el occiso al director de la OMSA, Manuel Rivas, por supuestos actos de corrupción.
En una entrevista que concedió a un programa de televisión meses antes de su muerte, Ramírez dijo que podría someter a Rivas por ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Entidad que presidía Yuniol Ramírez retiró en 2013 querella contra Díaz Rúa




SANTO DOMINGO. En octubre de 2013 la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), que presidía el abogado asesinado Yuniol Ramírez, retiró una querella que interpuso por alegada violación a las leyes en contra del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y la empresa Sargeant Petroleum, representada por Mustafa Abu Naba’A.
Conforme se reseñó en la prensa, Ramírez explicó en una comunicación depositada el 23 de octubre del citado año, ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, que el retiro de la querella se debió a que “luego del depósito de la instancia contra Díaz Rúa, este mostró un legajo de documentos, entre ellos los que sustentan el poder de autorización dado al exfuncionario para suscribir las adendas al contrato suscrito entre la Secretaría de Obras Públicas y la empresa privada”.
La querella fue presentada el 5 de febrero de 2013, meses antes de su retiro. Se fundamentaba en un contrato para el transporte, almacenaje y manejo de materiales asfálticos (AC-30), suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas en febrero de 2003 y Sargeant Petroleum.
La CONA alegaba que a través de ese contrato fueron firmadas 13 adendas, al margen de la representación del Estado en actos jurídicos y la Ley 340-06, sobre compras y contrataciones.
“Los documentos que presentó el exministro Víctor Díaz Rúa evidencian que no hubo violación de la Ley 1486 sobre representación del Estado en Actos Jurídicos”, se indicó en el documento de retiro de la querella.
“Por cuanto a que estudiada la referida documentación, nos vemos en la obligación de actuar con la debida responsabilidad, y hacerle constar que hemos podido despejar la generalidad de las dudas en torno al contrato y adendas de referencia”, agregó.
El abogado Ramírez fue asesinado el miércoles de la semana pasada. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en el río Manoguayabo. Presentaba una herida de bala en la cabeza y estaba amarrado con una cadena atada a dos bloques.
El Ministerio Público acusó anoche de cometer el hecho a dos empleados de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). La fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná, informó que el móvil del crimen habría sido una presunta extorsión de RD$4 millones que hacía el occiso al director de la OMSA, Manuel Rivas, por supuestos actos de corrupción.
En una entrevista que concedió a un programa de televisión meses antes de su muerte, Ramírez dijo que podría someter a Rivas por ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).