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(TODOEXITO.NET) Salud Pública advierte habrá sanción si hubo mal manejo en caso de fallecimiento por rabia. somos Grup.Martmarg



SANTO DOMINGO. Los resultados preliminares de las investigaciones sobre el asesinato del abogado y profesor Yuniol Ramírez apuntan a que el móvil del crimen habría sido una presunta extorsión de RD$4 millones que hacía el occiso al director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Antonio Rivas, por supuestos actos de corrupción.
Así lo informó anoche la fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná, durante una rueda de prensa, en la que acusó a Argenis Contreras González y José Antonio Mercado Blanco, alias “El Grande”, empleados de la OMSA, como los autores del crimen.
Meses antes de su muerte, el abogado asesinado dijo en un programa de televisión que “el próximo caso de corrupción que estallaría en el país sería en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses”.
Aseguró que le constaba que hay unidades de la OMSA “en manos de particulares” y que en la reconstrucción de autobuses se “han hecho millonarios a tres suplidores”. Puso como ejemplo que un vehículo “se puede importar por RD$650,000” y en su “reconstrucción se gastan RD$2,800,000”.
Diario Libre publicó el 7 de mayo de 2013 el reportaje “Deudas, privilegios e ilegalidad en la OMSA” en el que se presentaron datos y detalles que coinciden con la denuncia que hizo el abogado.
En la investigación periodística se destacó que en la OMSA había una pugna de intereses entre representantes de talleres contratados por la institución, quienes aseguraban que Rivas -quien está siendo investigado por el asesinato del abogado- privilegiaba a por lo menos tres negocios particulares en los que, inclusive, le atribuían alguna participación.
Para leer el reportaje completo publicado en 2013 haga clic aquí.
El 27 de marzo del presente año Diario Libre también publicó una historia en la que un contratista de la OMSA advertía que la República Dominicana podría verse nueva vez ante una demanda internacional debido a un contrato que firmó la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, en marzo 2012, pero que nunca se ejecutó.

Diario Libre publicó en 2013 los presuntos privilegios y corrupción en la OMSA




SANTO DOMINGO. Los resultados preliminares de las investigaciones sobre el asesinato del abogado y profesor Yuniol Ramírez apuntan a que el móvil del crimen habría sido una presunta extorsión de RD$4 millones que hacía el occiso al director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Antonio Rivas, por supuestos actos de corrupción.
Así lo informó anoche la fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná, durante una rueda de prensa, en la que acusó a Argenis Contreras González y José Antonio Mercado Blanco, alias “El Grande”, empleados de la OMSA, como los autores del crimen.
Meses antes de su muerte, el abogado asesinado dijo en un programa de televisión que “el próximo caso de corrupción que estallaría en el país sería en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses”.
Aseguró que le constaba que hay unidades de la OMSA “en manos de particulares” y que en la reconstrucción de autobuses se “han hecho millonarios a tres suplidores”. Puso como ejemplo que un vehículo “se puede importar por RD$650,000” y en su “reconstrucción se gastan RD$2,800,000”.
Diario Libre publicó el 7 de mayo de 2013 el reportaje “Deudas, privilegios e ilegalidad en la OMSA” en el que se presentaron datos y detalles que coinciden con la denuncia que hizo el abogado.
En la investigación periodística se destacó que en la OMSA había una pugna de intereses entre representantes de talleres contratados por la institución, quienes aseguraban que Rivas -quien está siendo investigado por el asesinato del abogado- privilegiaba a por lo menos tres negocios particulares en los que, inclusive, le atribuían alguna participación.
Para leer el reportaje completo publicado en 2013 haga clic aquí.
El 27 de marzo del presente año Diario Libre también publicó una historia en la que un contratista de la OMSA advertía que la República Dominicana podría verse nueva vez ante una demanda internacional debido a un contrato que firmó la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, en marzo 2012, pero que nunca se ejecutó.