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Los imputados por el caso de los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en República Dominicana fueron trasladados hoy desde las dependencias del Palacio de Justicia, donde permanecían detenidos desde hace dos semanas hasta la cárcel de Najayo donde cumplirán prisión preventiva.
Los siete imputados que guardarán prisión preventiva en la cárcel de Najayo abandonaron el lugar en un autobús bajo un fuerte dispositivo policial, mientras que el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que repartió los sobornos, permanece aún la cárcel del Palacio de Justicia.
La Procuraduría General (PGR) dominicana informó hoy de que evalúa una solicitud de la familia de Rondón para que el empresario no cumpla la pena de un año de prisión preventiva en el centro penitenciario asignado, La Victoria, por temor a que allí no se garantice su integridad física. El primero de los imputados en abordar el transporte que los conduce a la cárcel fue el ya exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, para quien el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco dispuso seis meses de prisión preventiva.
Le siguieron el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de oposición) Andrés Bautista García, que también cumplirá seis meses, lo mismo que el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Ruddy González.
Con ellos, ingresarán en prisión el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, alto dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para quien el juez dispuso 9 meses, lo mismo que para el abogado Conrado Pittaluga.
Además, ingresan en Najayo el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) César Sánchez, y el exfucionario de esa dependencia Máximo De Óleo, que cumplirán tres meses cada uno.
El pasado viernes el extitular de la Cdeee Radhamés Segura, miembro del comité político del PLD, y el exsenador y exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) Roberto Rodríguez, fueron trasladados a sus domicilios donde cumplirán nueve meses de arresto domiciliario.
Además, se dispuso fianza de cinco millones de pesos (105.700 dólares) para dos senadores del PLD y para un diputado del PRM, cuyas respectivas cámaras estudian si les retirarán la inmunidad parlamentaria, y un último imputado se encuentra fuera del país.
La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía, así como los de Leonel Fernández (2004-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD.
Las detenciones en el país se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.

Trasladan 7 implicados caso Odebrecht; PGR evalúa pedido de familia de Rondón



Los imputados por el caso de los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en República Dominicana fueron trasladados hoy desde las dependencias del Palacio de Justicia, donde permanecían detenidos desde hace dos semanas hasta la cárcel de Najayo donde cumplirán prisión preventiva.
Los siete imputados que guardarán prisión preventiva en la cárcel de Najayo abandonaron el lugar en un autobús bajo un fuerte dispositivo policial, mientras que el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que repartió los sobornos, permanece aún la cárcel del Palacio de Justicia.
La Procuraduría General (PGR) dominicana informó hoy de que evalúa una solicitud de la familia de Rondón para que el empresario no cumpla la pena de un año de prisión preventiva en el centro penitenciario asignado, La Victoria, por temor a que allí no se garantice su integridad física. El primero de los imputados en abordar el transporte que los conduce a la cárcel fue el ya exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, para quien el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco dispuso seis meses de prisión preventiva.
Le siguieron el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de oposición) Andrés Bautista García, que también cumplirá seis meses, lo mismo que el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Ruddy González.
Con ellos, ingresarán en prisión el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, alto dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para quien el juez dispuso 9 meses, lo mismo que para el abogado Conrado Pittaluga.
Además, ingresan en Najayo el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) César Sánchez, y el exfucionario de esa dependencia Máximo De Óleo, que cumplirán tres meses cada uno.
El pasado viernes el extitular de la Cdeee Radhamés Segura, miembro del comité político del PLD, y el exsenador y exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) Roberto Rodríguez, fueron trasladados a sus domicilios donde cumplirán nueve meses de arresto domiciliario.
Además, se dispuso fianza de cinco millones de pesos (105.700 dólares) para dos senadores del PLD y para un diputado del PRM, cuyas respectivas cámaras estudian si les retirarán la inmunidad parlamentaria, y un último imputado se encuentra fuera del país.
La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía, así como los de Leonel Fernández (2004-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD.
Las detenciones en el país se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.