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SANTO DOMINGO. La directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Laura Hernández Román, denunció varias acciones ilegales y arbitrarias que realiza la Policía Nacional contra ciudadanos detenidos por la presunta comisión de delitos.
Hernández explicó que según informes presentados por defensores públicos, la Policía apresa de manera ilegal y arbitraria los viernes a los presuntos implicados en un hecho ilícito, con el fin de que el ciudadano pase el fin de semana privado de libertad, alegando que cuentan con 48 horas para ponerlos a la disposición de la justicia y recorriendo con el detenido los diferentes destacamentos de la ciudad, con miras, en muchos casos, a la extorsión.
Señaló que todo esto ocurre con el agravante que para el sistema de justicia vale la fecha y firma que coloca el oficial que actúa en la instrumentación del acta, y aún en caso de demostrar con testigos la violación del plazo constitucional de la detención, rara vez es acogida la petición de nulidad.
“Es preocupante que después de tantos años de la entrada en vigencia de la reforma procesal, aún la obtención de declaración del investigado sea el método investigativo por excelencia, valiéndose para su obtención de tratos inhumanos y degradantes y porque no, de torturas”, refirió.
Dijo que sigue siendo una práctica constante la realización de interrogatorios y reconocimientos de personas, sin los procedimientos que establecen la norma procesal, con la complicidad de algunos abogados “con bajos niveles de ética profesional, quienes se prestan a firmar y validar las actuaciones procesales, sin ser estos los abogados de los investigados”.
Asimismo, la instrumentación inadecuada de las actas procesales, en algunos casos con fechas diferentes a la ocurrencia de los hechos.
Carencia de aplicación
“Las actuaciones policiales, en nuestro país, carecen de una correcta aplicación, ya que una de las mayores dificultades que enfrentan los defensores públicos es la crisis por la que atraviesan los derechos y garantías penales y procesales en cada accionar policial”, argumentó la funcionaria.

Directora de Defensoría Pública denuncia a la Policía Nacional



SANTO DOMINGO. La directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Laura Hernández Román, denunció varias acciones ilegales y arbitrarias que realiza la Policía Nacional contra ciudadanos detenidos por la presunta comisión de delitos.
Hernández explicó que según informes presentados por defensores públicos, la Policía apresa de manera ilegal y arbitraria los viernes a los presuntos implicados en un hecho ilícito, con el fin de que el ciudadano pase el fin de semana privado de libertad, alegando que cuentan con 48 horas para ponerlos a la disposición de la justicia y recorriendo con el detenido los diferentes destacamentos de la ciudad, con miras, en muchos casos, a la extorsión.
Señaló que todo esto ocurre con el agravante que para el sistema de justicia vale la fecha y firma que coloca el oficial que actúa en la instrumentación del acta, y aún en caso de demostrar con testigos la violación del plazo constitucional de la detención, rara vez es acogida la petición de nulidad.
“Es preocupante que después de tantos años de la entrada en vigencia de la reforma procesal, aún la obtención de declaración del investigado sea el método investigativo por excelencia, valiéndose para su obtención de tratos inhumanos y degradantes y porque no, de torturas”, refirió.
Dijo que sigue siendo una práctica constante la realización de interrogatorios y reconocimientos de personas, sin los procedimientos que establecen la norma procesal, con la complicidad de algunos abogados “con bajos niveles de ética profesional, quienes se prestan a firmar y validar las actuaciones procesales, sin ser estos los abogados de los investigados”.
Asimismo, la instrumentación inadecuada de las actas procesales, en algunos casos con fechas diferentes a la ocurrencia de los hechos.
Carencia de aplicación
“Las actuaciones policiales, en nuestro país, carecen de una correcta aplicación, ya que una de las mayores dificultades que enfrentan los defensores públicos es la crisis por la que atraviesan los derechos y garantías penales y procesales en cada accionar policial”, argumentó la funcionaria.