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MANILA. La Cámara de Representantes de Filipinas aprobó el martes un proyecto de ley que restaura la pena de muerte mediante la horca, la inyección letal o el fusilamiento para delitos relacionados con drogas a pesar de la oposición de la influyente Iglesia católica.
El proyecto fue aprobado con 216 votos a favor, 54 en contra y una abstención. El presidente Rodrigo Duterte prometió durante la campaña electoral que restauraría la pena de muerte para criminales reincidentes, en particular para los narcotraficantes.
El proyecto de la cámara debe ser compulsado con el que está en discusión en el Senado y finalmente sancionado por el presidente para adquirir fuerza de ley.
Los partidarios de la pena de muerte dicen que ésta ayudará en el combate de la lucha antidroga, que Duterte considera una amenaza a la seguridad nacional. La represión ha causado la muerte de miles de sospechosos desde que asumió en junio.
Los opositores encabezados por la Iglesia católica realizaron un acto contra la pena de muerte al que asistieron más de 10.000 personas en Manila hace tres semanas. Unos 200 activistas protestaron frente a la cámara el martes, cuando se realizaba la votación.
“La pena de muerte es un castigo abominable. Impide la reforma del convicto. Ataca a los pobres. No es la solución a la delincuencia”, dijo el representante Edcel Langman, uno de los principales detractores del proyecto. El representante Tom Villarin mencionó la corrupción policial y la debilidad del sistema judicial como fundamentos de su voto en contra.
La pena capital es una causa de profundas divisiones en Filipinas, el bastión del catolicismo en Asia. La criminalidad es un fenómeno extendido en el país. Fue abolida en 1987, pero restaurada en 1993 para crímenes atroces como el homicidio, la violación de menores y el secuestro. Desde entonces, siete personas fueron ejecutadas.
La anterior presidenta Gloria Macapagal Arroyo abolió la pena de muerte en 2006. Ahora, como vicepresidenta de la cámara baja, votó el martes contra su restauración, a pesar de que el presidente Pantaleón Alvarez, un aliado de Duterte, amenazó con despojar a los que voten contra el proyecto de presidencias de comisiones y otros puestos.

Avanza en Filipinas proyecto que restaura la pena de muerte



MANILA. La Cámara de Representantes de Filipinas aprobó el martes un proyecto de ley que restaura la pena de muerte mediante la horca, la inyección letal o el fusilamiento para delitos relacionados con drogas a pesar de la oposición de la influyente Iglesia católica.
El proyecto fue aprobado con 216 votos a favor, 54 en contra y una abstención. El presidente Rodrigo Duterte prometió durante la campaña electoral que restauraría la pena de muerte para criminales reincidentes, en particular para los narcotraficantes.
El proyecto de la cámara debe ser compulsado con el que está en discusión en el Senado y finalmente sancionado por el presidente para adquirir fuerza de ley.
Los partidarios de la pena de muerte dicen que ésta ayudará en el combate de la lucha antidroga, que Duterte considera una amenaza a la seguridad nacional. La represión ha causado la muerte de miles de sospechosos desde que asumió en junio.
Los opositores encabezados por la Iglesia católica realizaron un acto contra la pena de muerte al que asistieron más de 10.000 personas en Manila hace tres semanas. Unos 200 activistas protestaron frente a la cámara el martes, cuando se realizaba la votación.
“La pena de muerte es un castigo abominable. Impide la reforma del convicto. Ataca a los pobres. No es la solución a la delincuencia”, dijo el representante Edcel Langman, uno de los principales detractores del proyecto. El representante Tom Villarin mencionó la corrupción policial y la debilidad del sistema judicial como fundamentos de su voto en contra.
La pena capital es una causa de profundas divisiones en Filipinas, el bastión del catolicismo en Asia. La criminalidad es un fenómeno extendido en el país. Fue abolida en 1987, pero restaurada en 1993 para crímenes atroces como el homicidio, la violación de menores y el secuestro. Desde entonces, siete personas fueron ejecutadas.
La anterior presidenta Gloria Macapagal Arroyo abolió la pena de muerte en 2006. Ahora, como vicepresidenta de la cámara baja, votó el martes contra su restauración, a pesar de que el presidente Pantaleón Alvarez, un aliado de Duterte, amenazó con despojar a los que voten contra el proyecto de presidencias de comisiones y otros puestos.