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SANTO DOMINGO. Cuando se discutía su adjudicación, contrato y construcción, el acueducto de la Línea Noroeste fue objeto de controversias. Más de una década después, los interrogatorios de la Procuraduría sobre los sobornos de Odebrecht han traído el proyecto a discusión, saltando de un exfuncionario a otro las sospechas de irregularidades en la obra.
“Encontramos sobrevaluaciones y además cuestiones de diseño que no se adecuaban correctamente, en los contratos de la Línea Noroeste solamente. Y entonces entendimos que no lo íbamos a poner en la orden de agenda si no se corregía todo eso”, dijo el pasado lunes Ramón Alburquerque a su salida del interrogatorio que le hizo la Procuraduría. Él presidió el Senado entre 1998 y 2001 cuando era legislador por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
El 3 de noviembre de 1999 el Senado recibió una carta del expresidente Leonel Fernández que solicitaba a Alburquerque la aprobación de tres contratos, uno de ellos suscrito el 12 de agosto de ese mismo año entre el Estado y el consorcio conformado por la brasileña Andrade Gutiérrez y la dominicana Hidráulica Agrícola y Civil (Haycivilca) para la construcción del Acueducto de la Línea Noroeste con el que se abastecería de agua a Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón, por RD$2,563,918,847.30 (posteriormente se agregaron más demarcaciones).
Otro contrato era el de financiamiento suscrito entre el Estado y la Agencia Especial de Financiamiento Industrial, empresa pública federal brasileña, en su calidad de agente del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económica y Social (BNDES) de Brasil por US$129,089,385.
El tercero era el contrato de préstamo suscrito entre el Estado y el ABN AMRO Bank como concertador de la Línea de Crédito, como agente de los Bancos y como prestamista original por US$32,672,056. Estos dos últimos sumaban US$161,761,441.
El pedido del Ejecutivo generó debates, ya que se alegó que no se llamó a licitación para la obra. El 11 enero de 2000 la Comisión del Senado para Estudio y Opinión sobre dicho contrato, aseguró que debía someterse a concurso para su adjudicación.
Alburquerque, en sus declaraciones del lunes a la prensa indicó: “Luego vino el gobierno de Hipólito Mejía, se formó una comisión y se dio respuesta a estos asuntos, pero cuando vino a aprobarse fue el 28 de diciembre de 2001”, cuando ya no era presidente del Senado.
En septiembre de 2000 la prensa publicó una invitación de la Presidencia de la República para las empresas nacionales y extranjeras especializadas en sistemas de abastecimiento de agua potable a presentar ofertas “para la solución del problema de agua potable en las provincias de la línea Noroeste”. Las ofertas debían presentarse en las oficinas del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) en un plazo no mayor de 30 días.
En julio de 2001 el consorcio domínico-norteamericano Arcisa/Acipco denunció que los resultados del concurso para la construcción del acueducto fueron cambiados para favorecer a una empresa que había sido descartada y no contaba con los diseños ni las fuentes de financiamiento. Alegó que se buscó beneficiar a Odebrecht. El expresidente Mejía defendió la transparencia de la decisión del Gobierno y aseguró que sí se hizo concurso para la obra.  

El acueducto de la Línea Noroeste es considerado el primer proyecto de Odebrecht en el país. La empresa indica que asegura el abastecimiento de agua potable a 1 millón de habitantes por más de 20 años. Describe que su ingeniería permite el funcionamiento simultáneo de las turbinas generadoras de la Hidroeléctrica de Monción y la captación de agua para tratamiento y distribución.

En noviembre de 2001 el Gobierno informó que el expresidente Mejía anunciaría el comienzo de la retrasada construcción del proyecto por US$140 millones (unos RD$2,332.4 a la tasa de ese entonces) y que el país se ahorraría US$40 millones en relación con el precio original estimado por la administración anterior de Fernández.
Sin embargo, el 7 de marzo de 2002, Mejía firmó un poder especial al director del Inapa para que a nombre y en representación del Estado dominicano suscribiera un contrato con el Consorcio Acueducto Noroeste, integrado por Andrade Gutiérrez y la Constructora Norberto Odebrecht, y las dominicanas Haycivilca y Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos (Amina) para el estudio, diseño y construcción del acueducto, y la ejecución de las obras complementarias, ascendente a US$161,761,441.
En un discurso que dirigió a la nación el pasado 6 de marzo, el expresidente Mejía declaró que al asumir la Presidencia (2000-2004) encontró un contrato de préstamo por un monto de US$129 millones, que había sido aprobado el 7 de octubre del 1999, por el gobierno de Fernández, para el proyecto. “Decidí darle continuidad”, dijo. “Al término del gobierno que presidí, el acueducto de la Línea Noroeste no estaba concluido. Correspondió al nuevo Gobierno continuar esa obra”.
A pesar de las críticas al contrato presentado por el gobierno de Fernández, el 20 de marzo de 2002, cuando el entonces perredeísta Andrés Bautista presidía el Senado, se ratificó el convenio de dos préstamos por US$161,761,441. Los senadores debatían si debía ir a una comisión especial, pero fue aprobado en la agenda del día. Posteriormente fue ratificado en la Cámara de Diputados.
El 17 de enero, Freddy Pérez, quien fue director del Inapa cuando el contrato sometido por Fernández en 1999, fue interrogado por la Procuraduría. Alegó a la prensa que no se debió aprobar un contrato que firmó y había sido rechazado.
Ese mismo día también fue interrogado Roberto Rodríguez, exdirector del Inapa durante el mandato de Mejía. Afirmó que el proyecto no varió el costo de US$161 millones durante su gestión. “Lo dejamos en un 80 por ciento y yo no sé lo que pasó con ese 20”, expresó.
Bautista, quien también fue interrogado, pero el 23 de enero, aseguró que no tenía nada que ver con el caso de corrupción del que acusan a la firma brasileña.
Se construyen la primera y segunda etapa
Tras una tardanza entre el primer picazo y el comienzo de los trabajos de construcción, en marzo de 2003 se anunció el inicio formal de la construcción de la obra en beneficio de 500,000 habitantes de 160 comunidades.
En mayo de 2005 el BNDES aprobó la concesión de un crédito por US$64.7 millones para las obras de ampliación del acueducto. Incluyeron la extensión de la línea desde Guayubín hasta Dajabón, la instalación de tanques y los reservorios.
En julio de ese mismo año Víctor Díaz Rúa, director del Inapa, y la empresa Odebrecht firmaron el contrato para la segunda etapa por US$90 millones.
En agosto de 2005 la compañía Haycivilca interpuso un recurso de amparo contra el Estado y el Inapa, alegando que junto a Andrade Gutiérrez, la Constructora Norberto Odebrecht y la empresa Amina, estaba a cargo de la infraestructura, y solicitó que se declarara nulo un contrato sin su participación.
El 10 de octubre de 2005 el presidente Fernández dio el primer picazo para la ampliación. La obra, en sus dos etapas, fue inaugurada el 17 de julio de 2007 a un costo superior a los RD$8,300 millones, durante un evento acompañado de música y muestras de apoyo a la reelección del exgobernante.

Acueducto de la Línea Noroeste vuelve a ser controversia por interrogatorios sobre Odebrecht



SANTO DOMINGO. Cuando se discutía su adjudicación, contrato y construcción, el acueducto de la Línea Noroeste fue objeto de controversias. Más de una década después, los interrogatorios de la Procuraduría sobre los sobornos de Odebrecht han traído el proyecto a discusión, saltando de un exfuncionario a otro las sospechas de irregularidades en la obra.
“Encontramos sobrevaluaciones y además cuestiones de diseño que no se adecuaban correctamente, en los contratos de la Línea Noroeste solamente. Y entonces entendimos que no lo íbamos a poner en la orden de agenda si no se corregía todo eso”, dijo el pasado lunes Ramón Alburquerque a su salida del interrogatorio que le hizo la Procuraduría. Él presidió el Senado entre 1998 y 2001 cuando era legislador por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
El 3 de noviembre de 1999 el Senado recibió una carta del expresidente Leonel Fernández que solicitaba a Alburquerque la aprobación de tres contratos, uno de ellos suscrito el 12 de agosto de ese mismo año entre el Estado y el consorcio conformado por la brasileña Andrade Gutiérrez y la dominicana Hidráulica Agrícola y Civil (Haycivilca) para la construcción del Acueducto de la Línea Noroeste con el que se abastecería de agua a Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón, por RD$2,563,918,847.30 (posteriormente se agregaron más demarcaciones).
Otro contrato era el de financiamiento suscrito entre el Estado y la Agencia Especial de Financiamiento Industrial, empresa pública federal brasileña, en su calidad de agente del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económica y Social (BNDES) de Brasil por US$129,089,385.
El tercero era el contrato de préstamo suscrito entre el Estado y el ABN AMRO Bank como concertador de la Línea de Crédito, como agente de los Bancos y como prestamista original por US$32,672,056. Estos dos últimos sumaban US$161,761,441.
El pedido del Ejecutivo generó debates, ya que se alegó que no se llamó a licitación para la obra. El 11 enero de 2000 la Comisión del Senado para Estudio y Opinión sobre dicho contrato, aseguró que debía someterse a concurso para su adjudicación.
Alburquerque, en sus declaraciones del lunes a la prensa indicó: “Luego vino el gobierno de Hipólito Mejía, se formó una comisión y se dio respuesta a estos asuntos, pero cuando vino a aprobarse fue el 28 de diciembre de 2001”, cuando ya no era presidente del Senado.
En septiembre de 2000 la prensa publicó una invitación de la Presidencia de la República para las empresas nacionales y extranjeras especializadas en sistemas de abastecimiento de agua potable a presentar ofertas “para la solución del problema de agua potable en las provincias de la línea Noroeste”. Las ofertas debían presentarse en las oficinas del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) en un plazo no mayor de 30 días.
En julio de 2001 el consorcio domínico-norteamericano Arcisa/Acipco denunció que los resultados del concurso para la construcción del acueducto fueron cambiados para favorecer a una empresa que había sido descartada y no contaba con los diseños ni las fuentes de financiamiento. Alegó que se buscó beneficiar a Odebrecht. El expresidente Mejía defendió la transparencia de la decisión del Gobierno y aseguró que sí se hizo concurso para la obra.  

El acueducto de la Línea Noroeste es considerado el primer proyecto de Odebrecht en el país. La empresa indica que asegura el abastecimiento de agua potable a 1 millón de habitantes por más de 20 años. Describe que su ingeniería permite el funcionamiento simultáneo de las turbinas generadoras de la Hidroeléctrica de Monción y la captación de agua para tratamiento y distribución.

En noviembre de 2001 el Gobierno informó que el expresidente Mejía anunciaría el comienzo de la retrasada construcción del proyecto por US$140 millones (unos RD$2,332.4 a la tasa de ese entonces) y que el país se ahorraría US$40 millones en relación con el precio original estimado por la administración anterior de Fernández.
Sin embargo, el 7 de marzo de 2002, Mejía firmó un poder especial al director del Inapa para que a nombre y en representación del Estado dominicano suscribiera un contrato con el Consorcio Acueducto Noroeste, integrado por Andrade Gutiérrez y la Constructora Norberto Odebrecht, y las dominicanas Haycivilca y Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos (Amina) para el estudio, diseño y construcción del acueducto, y la ejecución de las obras complementarias, ascendente a US$161,761,441.
En un discurso que dirigió a la nación el pasado 6 de marzo, el expresidente Mejía declaró que al asumir la Presidencia (2000-2004) encontró un contrato de préstamo por un monto de US$129 millones, que había sido aprobado el 7 de octubre del 1999, por el gobierno de Fernández, para el proyecto. “Decidí darle continuidad”, dijo. “Al término del gobierno que presidí, el acueducto de la Línea Noroeste no estaba concluido. Correspondió al nuevo Gobierno continuar esa obra”.
A pesar de las críticas al contrato presentado por el gobierno de Fernández, el 20 de marzo de 2002, cuando el entonces perredeísta Andrés Bautista presidía el Senado, se ratificó el convenio de dos préstamos por US$161,761,441. Los senadores debatían si debía ir a una comisión especial, pero fue aprobado en la agenda del día. Posteriormente fue ratificado en la Cámara de Diputados.
El 17 de enero, Freddy Pérez, quien fue director del Inapa cuando el contrato sometido por Fernández en 1999, fue interrogado por la Procuraduría. Alegó a la prensa que no se debió aprobar un contrato que firmó y había sido rechazado.
Ese mismo día también fue interrogado Roberto Rodríguez, exdirector del Inapa durante el mandato de Mejía. Afirmó que el proyecto no varió el costo de US$161 millones durante su gestión. “Lo dejamos en un 80 por ciento y yo no sé lo que pasó con ese 20”, expresó.
Bautista, quien también fue interrogado, pero el 23 de enero, aseguró que no tenía nada que ver con el caso de corrupción del que acusan a la firma brasileña.
Se construyen la primera y segunda etapa
Tras una tardanza entre el primer picazo y el comienzo de los trabajos de construcción, en marzo de 2003 se anunció el inicio formal de la construcción de la obra en beneficio de 500,000 habitantes de 160 comunidades.
En mayo de 2005 el BNDES aprobó la concesión de un crédito por US$64.7 millones para las obras de ampliación del acueducto. Incluyeron la extensión de la línea desde Guayubín hasta Dajabón, la instalación de tanques y los reservorios.
En julio de ese mismo año Víctor Díaz Rúa, director del Inapa, y la empresa Odebrecht firmaron el contrato para la segunda etapa por US$90 millones.
En agosto de 2005 la compañía Haycivilca interpuso un recurso de amparo contra el Estado y el Inapa, alegando que junto a Andrade Gutiérrez, la Constructora Norberto Odebrecht y la empresa Amina, estaba a cargo de la infraestructura, y solicitó que se declarara nulo un contrato sin su participación.
El 10 de octubre de 2005 el presidente Fernández dio el primer picazo para la ampliación. La obra, en sus dos etapas, fue inaugurada el 17 de julio de 2007 a un costo superior a los RD$8,300 millones, durante un evento acompañado de música y muestras de apoyo a la reelección del exgobernante.